La decisión condiciona la reanudación de la actividad a la comunicación formal de espacio digital a la Justicia Electoral y al cumplimiento del plazo de regularización de 48 horas establecido por las normas electorales.
Dicho canal, administrado por el diputado federal André Janones, reúne a unos 4,1 millones de seguidores y se utiliza para difundir contenidos de apoyo a la candidatura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva con vistas al balotaje el próximo 25 de octubre.
Ese día, Lula, aspirante a la reelección por el Partido de los Trabajadores, disputará la segunda vuelta de los comicios contra el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.
También, la nueva determinación de Nunes ordena a Meta, empresa propietaria de WhatsApp, establecer mecanismos de supervisión proactiva de las publicaciones del canal y de otras páginas públicas de gran alcance señaladas en el proceso judicial.
El equipo de Lula deberá informar al TSE, en un plazo de 24 horas desde la notificación oficial, sobre las medidas adoptadas, las herramientas tecnológicas empleadas para detectar contenidos irregulares y los procedimientos previstos para evitar eliminaciones indebidas.
Asimismo, tendrá que identificar y retirar inmediatamente publicaciones idénticas o sustancialmente equivalentes a otras que hayan sido objeto de órdenes judiciales de eliminación, además de preservar los registros necesarios para la fiscalización.
Nunes ordenó suspender el canal por primera vez hace dos días, a solicitud de Flávio Bolsonaro, quien alegó que el espacio contribuía a la difusión coordinada de informaciones falsas contra su candidatura.
Sin embargo, el corregidor general de la Justicia Electoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, dispuso posteriormente su restablecimiento provisional y pidió que el asunto fuera examinado por el pleno del TSE.
Al revisar el caso, Nunes sostuvo que la falta de comunicación formal del canal a las autoridades electorales impedía su utilización durante la campaña hasta regularizar la situación.
Señaló las características de coordinación centralizada y distribución de tareas entre los participantes, aunque reconoció que los elementos disponibles no permiten afirmar que esté dedicado sustancialmente a la desinformación.
Reportes de prensa apuntaron que este caso refleja las controversias sobre los límites de la propaganda política en plataformas digitales y la actuación de la Justicia Electoral frente a contenidos considerados irregulares.
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