El mandatario Daniel Noboa afirmó en una entrevista con la revista colombiana Semana que la excandidata presidencial, detenida en la madrugada de este jueves, es investigada por posibles anomalías en los aportes y gastos de aquella campaña, en la que disputó con él la jefatura del Ejecutivo.

La Fiscalía informó que, junto con la Policía, ejecutó órdenes de detención en las provincias de Manabí y Pichincha con fines de formulación de cargos por presunto lavado de activos dentro del denominado caso Laberinto.

González fue detenida en Canuto, localidad rural de la provincia costera de Manabí y fue trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil, donde espera la audiencia de formulación de cargos.

Noboa vinculó al expresidente colombiano Gustavo Petro con una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos que, según dijo, su Gobierno investiga.

“Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, afirmó el mandatario en respuesta a las críticas del exgobernante colombiano por la detención de González.

Para el expresidente Rafael Correa esas acusaciones son un “disparate”, según comentó en sus redes sociales.

Petro, por su parte, esta mañana sostuvo en X que en Ecuador se desarrolla una “verdadera dictadura” y pidió a Amnistía Internacional impulsar una campaña internacional por la liberación de la excandidata.

Por otro lado, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, acusó a la RC de un financiamiento de 500 mil dólares sin justificar para la campaña de 2023 y de otras irregularidades en el municipio de Quito, liderado por el opositor Pabel Muñoz.

“Esto no se quedará en el escándalo, esperamos que fiscales y jueces hagan su trabajo con rigurosidad y celeridad”, apuntó Neira.

La RC repudió las acusaciones contra González en un comunicado y luego, en una rueda de prensa, la titular del partido, Gabriela Rivadeneira, llamó a movilizaciones para exigir la libertad de quien fue candidata presidencial en 2023 y 2025.

De acuerdo con Rivadeneira, el Ejecutivo busca desviar la atención de los problemas reales que atraviesa el país mediante actuaciones judiciales contra sus adversarios.

“Quieren tapar la crisis energética, la crisis de salud, la crisis educativa, la crisis de inseguridad”, aseveró y añadió que el Gobierno recurre a “shows mediáticos”.

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