Integrantes de gremios artísticos, de la comunidad Lgbtiq+, grupos feministas y asociaciones de izquierda repudian y cuestionan la decisión que salió de la Presidencia como parte de una estrategia que Abelardo de la Espriella denominó como “contrarrevolución cultural”.

En redes sociales circula ya un documento titulado “En defensa de la diversidad de las ideas, las creencias y las culturas” que con el paso de las horas agrega rúbricas de artistas, periodistas, intelectuales y otros que comulgan con su contenido.

“Con este manifiesto invitamos a más trabajadores de la cultura y las artes, así como a más miembros de la sociedad civil, a que se sumen en la defensa del carácter laico del Estado, de la pluralidad de credos y de visiones sobre la realidad, las ideologías y la vida”, reza el texto.

Asegura en una de sus partes que la “batalla cultural” que emprendió el actual gobierno inició “un enfrentamiento contra los derechos adquiridos por las mujeres, las poblaciones indígenas, afrodescendientes y la comunidad Lgtbiq+”.

También remarca que el país no puede retornar a periodos de confrontación ya superados, como los vividos a mediados del pasado siglo.

Los objetos removidos eran parte de exposiciones permanentes evocaban la violencia política contra el partido de izquierda Unión Patriótica, al Acuerdo de Paz de 2016, al movimiento Lgbtiq+ y a los candidatos presidenciales Guillermo Jaramillo y Carlos Pizarro, ambos asesinados cuando hacían campaña en 1990.

En señal de protesta, cientos de personas se congregaron a las puertas de la institución el fin de semana con gritos de “Abelardo mafioso, el pueblo está furioso” y para exigir la devolución de las obras desaparecidas de los salones.

Tanto el sábado como el domingo, parte de los manifestantes fueron intimidados y reprimidos por integrantes de la Unidad Nacional Antidisturbios, lo cual fue denunciado, fundamentalmente, por legisladores del Pacto Histórico.

El asunto ya trascendió al ámbito judicial.

La representante a la Cámara Ana Erazo informó sobre la radicación de un recurso legal para que los objetos removidos sean devueltos a los muros donde solían ser exhibidos.

“Esto es una democracia y Abelardo es un presidente, no un monarca ni mucho menos el policía de la memoria”, escribió en su cuenta de la red social X.

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