La Misión de Observación del caso de Bini, conformada por diversos grupos de la sociedad civil, compartió este martes un pronunciamiento donde afirman que el proceso no tiene sustento técnico ni jurídico.

Según señalaron en el documento, la Fiscalía General del Estado no solicitó peritajes digitales forenses ni presentó pruebas concretas que demostraran un acceso no autorizado a sistemas informáticos.

Además, criticaron que la sentencia se base en el uso de Tor (The Onion Router), una red de navegación anónima utilizada por Bini que protege la identidad de los usuarios al cifrar su conexión y hacerla pasar por distintos nodos sin que sea una herramienta ilegal.

Para los observadores, esta interpretación judicial podría llevar a la criminalización de otras herramientas comunes como las conocidas VPN (red privada virtual).

Bini fue detenido en abril de 2019 en el aeropuerto de Quito y desde ese momento enfrentó un proceso plagado de irregularidades.

El entonces presidente Lenín Moreno y su ministra de Gobierno María Paula Romo impulsaron el caso, tras acusarlo de ser parte de un plan desestabilizador vinculado con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a quien por esa fecha Ecuador le retiró el asilo en su embajada en Londres.

La acusación inicial contra el ciudadano sueco, radicado en este país sudamericano desde 2013, se basó en un supuesto ataque a la integridad de los servicios informáticos del Estado, específicamente en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

En abril de 2024, un tribunal revocó la inocencia del informático decretada en primera instancia y lo condenaron a cumplir un año de prisión, así como al pago de una multa correspondiente a cuatro salarios básicos, es decir, mil 840 dólares.

Luego, la justicia determinó que durante el tiempo de condena, debería presentarse cada 15 días ante la autoridad competente, no salir del país sin autorización del juez, tener domicilio determinado, ejercer un trabajo, profesión u oficio, y no ser reincidente ni procesado por otra causa.

Actualmente, la Misión de Observación afirma que el caso está en un “limbo jurídico” y por eso reclaman ratificar la inocencia del experto informático.

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