No podemos hablar de un respeto a los derechos humanos, hay abuso de poder, puntualizó Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) durante una comparecencia en el espacio de entrevistas Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).
El Informe Anual 2024: Una mirada a la situación de los Derechos Humanos en El Salvador, abordó varias facetas de esta situación, con énfasis en la violación del derecho a la vida, a la movilidad, el abuso de poder y la muerte de personas bajo custodia del estado, entre otros
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas presentó el documento en el que se abordaron además las agresiones sexuales contra menores de edad, capturas arbitrarias en el marco del régimen de excepción, y también de otros delitos.
Santos abordó el descenso en el número de asesinatos en la nación centroamericana, pero aseguró que el Estado no puede convertirse en uno de los principales agresores contra los derechos humanos.
“No se puede permitir que el Estado se convierta en el victimario y el que vulnera el derecho a la vida, sustituyendo a las pandillas”, aseveró.
El informe indica que se registraron 243 muertes violentas en 2024, incluidos 114 homicidios intencionales reportados por la Fiscalía General de la República (FGR) y 114 muertes en centros penitenciarios según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Los expertos precisaron que eso significa una disminución continua en la tasa de asesinatos por cuarto año consecutivo desde los mil 341 que se registraron en 2020 —22,2 por cada 100 mil habitantes— a 243 el año pasado, es decir, cuatro homicidios por cada 100 mil habitantes.
Santos precisó que el discurso gubernamental destaca continuamente una mejoría en la situación de seguridad y un descenso en la tasa de homicidios, si eso es cierto, dijo, “entonces el régimen de excepción como tal ha perdido su razón de ser”, porque no hay una razón grave que justifique su permanencia.
Para muchos expertos, es una violación de derechos humanos que la mayoría de los cerca de 85 mil detenidos que se encuentren en prisión sin haber sido condenados, mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que podría haber hasta 25 mil inocentes encarcelados.
Roberto López, director del Observatorio de DD.HH. puntualizó que la justicia requiere de una labor de mucha investigación que no se hace. “A veces se condena a alguien sin la información necesaria para hacerlo”, agregó.
Precisó que el derecho a la vida sigue siendo uno de los más vulnerados, y que esta situación se agrava “con las detenciones arbitrarias, las torturas, los malos tratos y la negación del acceso a la justicia”.
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