El Congreso Nacional (Parlamento) nombró el pasado 21 de marzo una Comisión Especial de Investigación, que tratará de dilucidar los hechos acontecidos antes, durante y después de las primarias e internas celebradas en marzo pasado.

Integrada por diputados de diversos partidos representados en el órgano legislativo y basada en el artículo 205 de la Constitución, esa instancia buscará garantizar la transparencia y estabilidad de cara a los comicios generales programados para el venidero 30 de noviembre.

A principios de mes, la congresista Silvia Ayala, integrante de la citada comisión parlamentaria, anunció que los primeros en comparecer de forma obligatoria ante esa instancia serán los tres miembros del CNE.

La consejera presidenta del CNE, Cossette López, se presentará ante la comisión en la mañana de este jueves, mientras que su colega Ana Paola Hall lo hará el mismo día en horas de la tarde.

Por su parte, el consejero Marlon Ochoa fue citado para mañana viernes 25 de abril.

Tras la presentación de los tres consejeros del ente rector de los procesos plebiscitarios en la nación centroamericana, será el turno del jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por el papel de la institución castrense en el resguardo y logística del material electoral.

“La comparecencia es obligatoria, como si fuera un llamamiento judicial”, subrayó Ayala.

La comisión multipartidaria convocará a otras personas que tuvieron participación directa o indirecta en los eventos sobrevenidos el 9 de marzo, tanto dentro como fuera del CNE, compuesto por representantes de los tres partidos políticos que concurrieron a los comicios.

Una vez culminadas las audiencias, el citado comité presentará un informe con los hallazgos y conclusiones.

Este proceso investigativo busca determinar responsabilidades y garantizar la transparencia, previo a las generales de noviembre.

Paralelamente a la investigación parlamentaria, el Ministerio Público (Fiscalía) presentó varios requerimientos fiscales en relación con el irregular traslado de urnas el domingo 9 marzo, muchas de las cuales llegaron a los centros de votación hasta altas horas de la noche.

Para el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, una vez más la corrupción público-privada trató de ser el punto negro en una página blanca llamada elecciones primarias.

Subrayó que los comicios se llevaron a cabo de manera perfecta en más del 96 por ciento del territorio nacional, pero ocurrieron acontecimientos que pretendieron manchar el acto democrático.

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