Gracias a esta normativa, se prevén recaudar anualmente unos mil 350 millones de dólares y, de ellos, cerca de 450 millones serán destinados a gobiernos regionales y municipalidades, sobre todo a las que tienen actividad minera.

Los fondos se dedicarán fundamentalmente a fomentar la producción, el desarrollo regional y la promoción de la investigación científica y tecnológica.

La ley entró en vigor días después de que la cuprífera estatal Codelco y la empresa SQM anunciaran una asociación público privada para explotar el litio en el Salar de Atacama, que concentra el 90 por ciento de las reservas del país.

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