“Cualquier acción que implique el desplazamiento forzoso de personas es contraria al Derecho Internacional, al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos”, advirtió la Cancillería en un comunicado.
Añade el texto que las irresponsables acciones y declaraciones de las autoridades israelíes constituyen un serio obstáculo para la implementación de la solución de los dos Estados, como única forma de alcanzar una paz justa, plena y definitiva.
Hace unos días el ministro de Finanzas de Tel Aviv, Bezalel Smotrich, sugirió que su país debía trabajar para que casi toda la población palestina abandone la franja y luego establecer allí asentamientos israelíes.
Mientras, el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, llamó a desarrollar un proyecto que “anime a los residentes de Gaza a emigrar a países del todo el mundo”.
Desde el 7 de octubre más de 22 mil 300 palestinos murieron por los ataques y bombardeos israelíes contra ese territorio, donde 1,9 millones de personas, casi el 80 por ciento de la población, se ha visto obligada a abandonar sus hogares, según la Agencia de la ONU para los Refugiados.
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