De acuerdo con declaraciones de Bodnar a la prensa la decisión pretende romper el monopolio de poder que ahora ejerce la judicatura nacional.

Además, supondrá introducir en Polonia el llamado principio de cooperación reforzada, según el cual un grupo de al menos nueve Estados miembros de la Fiscalía Europea pueden decidir de forma vinculante para el resto la aplicación de cambios legislativos que aún estén en trámite de aprobación por el ente comunitario.

Todos los países de la Unión Europea están integrados en ese organismo, con excepción de Polonia, Hungría, Dinamarca, Irlanda y Suecia.

El anterior Gobierno del ultraconservador Ley y Justicia (PiS) declinó su adhesión y se negó a cooperar con la Fiscalía Europea, al considerar que sus competencias eran intrusivas con el ordenamiento jurídico polaco y mermaban la soberanía del país.

La Comisión Europea deberá decidir, antes de cuatro meses, si acepta o no la petición.

Por su parte, el ministro polaco de Asuntos Europeos, Adam Szlapka, recalcó que el acto de hoy representa un símbolo de lo importante que es para el Gobierno el Estado de derecho, en alusión al curso de confrontación del ejecutivo anterior con Bruselas sobre el tema.

El mecanismo comunitario cuestionó en reiteradas ocasiones a esta nación en el pasado reciente por la aprobación e implementación de leyes que, a su juicio, coartan y limitan el estado de derecho y la libertad de expresión aquí.

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