La medida responde a un fallo de noviembre último de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró institucional el contrato suscrito entre el Gobierno y la subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum y bajo la presión de una inédita ola de protestas populares que sacudió al país.
La compañía emitió la víspera un comunicado en que asevera que recibirá a los expertos, funcionarios y representantes de organizaciones académicas, sociales, ambientales y medios de comunicación que integran la comitiva, organizada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
First Quantum indicó además que el venidero 16 de enero presentará un borrador preliminar para la fase inicial del plan de preservación y gestión segura de la mina de cobre de Donoso (Colón), como parte del proceso de cierre del proyecto.
La empresa resaltó que la planificación y la preparación de para la estabilidad ambiental de los activos, tras el cierre de operaciones, es un proceso que se lleva a cabo durante varios años y además reiteró su disposición a ser parte de la solución y abrir un diálogo constructivo.
Diversas fuentes señalan que pese a informes en poder del Ministerio de Ambiente (Miambiente) sobre los delitos a la naturaleza que cometía la minera, estos estudios no fueron entregados a la CSJ.
Entre esos delitos sobresalen el destrozo de bosques, el manejo inadecuado de desechos sólidos, contaminación de las aguas y acumulación de sedimentos que afectaban la tonalidad de ríos.
En 10 años (2010-2021), informes de Miambiente revelan incumplimientos ambientales de esta compañía, pero no fueron suficientes para detener su operación, además en 2022 y 2023 no hubo fiscalización.
El escándalo desatado en octubre y noviembre últimos y la escala de manifestaciones en todo el país motivadas por el ilegal pacto minero suscrito entre el Estado y la empresa subsidiaria de una trasnacional foránea motivó también la renuncia del entonces ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, cuya familia vinculan con las millonarias ganancias de ese proyecto, según denuncias de activistas sociales.
El pasado martes, colectivos populares y organizaciones sindicales diversas se congregaron en las puertas de entrada de Minera Panamá y reclamaron justicia y soberanía sobre ese territorio nacional, el cierre inmediato de las operaciones de la empresa y detener los daños ambientales.
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