La normativa lleva la firma del presidente Luis Lacalle Pou y pretende financiar el sistema de control fronterizo, indican medios locales.

Quienes lleguen o salgan del país abonarán la tasa por un plazo de 10 años. Quedarán exceptuados del pago los tripulantes acreditados en esa categoría migratoria.

La recaudación mensual estará destinada a pagar al proveedor del sistema de control fronterizo.

Adicionalmente, la Dirección Nacional de Migración estará autorizada a cobrar hasta un máximo de tres por ciento más Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cubrir costos administrativos de las empresas que actuarán como agentes de retención.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones dará lugar a sanciones, establece el artículo siete del decreto.

Según el medio digital Subrayado, desde el Ministerio del Interior argumentaron que el sistema permitirá identificar de forma más precisa a los que ingresan al país y validar la autenticidad del documento presentado.

Comenzará a regir a partir de mayo para quienes viajan desde y hacia Argentina y en la próxima temporada turística para los cruceristas.

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