El texto aduce que “la RDC realiza una dramática concentración militar cerca de la frontera común” y alude a “amenazas a la seguridad nacional ruandesa debido a la presencia en ese país de un grupo armado cuyos miembros incluyen a perpetradores del genocidio de 1994”.

De abril a julio de ese año miembros de la etnia hutu que detentaban el gobierno intentaron exterminar a la población tutsi; estimados cifran entre 500 mil y un millón el número de personas asesinadas.

El comunicado del Ministerio de Exteriores asegura que el grupo rebelde ruandés está integrado en el Ejército congolés y estima que “la petición es un abrupto cambio de política (y) obliga a Ruanda a cuestionarse la capacidad de Estados Unidos de servir como mediador creíble en la región de los Grandes Lagos”.

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