La Justicia imputó a seis personas en el departamento de Artigas, en el extremo norte del país sudamericano.

Según informes de prensa, los implicados traían a ciudadanos venezolanos bajo engaño y la promesa de que trabajarían por miles de dólares.

Los delincuentes explotaban laboralmente a los emigrados en canteras de Artigas y les retenían sus pasaportes.

Entre los imputados hay una funcionaria del Ministerio de Defensa, según denunció el opositor Frente Amplio, que la vinculó con el titular de esa cartera, Javier García.

“No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina en la sección notarial», suscribió el ministro de Defensa en la red social X.

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