Un comunicado divulgado por la cartera de Estado en la red social Facebook recordó que la semana pasada se organizaron cuatro talleres en esta capital con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones democráticas, grupos de víctimas y funcionarios gubernamentales.

Las partes interesadas «debatieron activamente y aportaron comentarios sobre el contenido del borrador de la política», reveló el texto.

El titular del sector Gedion Timothewos liderará la revisión de las aportaciones recopiladas durante los talleres y mediante presentaciones escritas del público. El borrador de la normativa finalizará con esos planteamientos antes de su presentación al Consejo de Ministros.

La publicación se produjo después de la conclusión de los talleres de consulta pública celebrados la semana pasada para validar el borrador de la política.

El proceso de justicia transicional está guiado por el Grupo de Trabajo de Expertos en el tema establecido en noviembre de 2022, el cual realizó anteriormente 58 consultas públicas en todo el país y emitió informes que resumen los aportes al borrador de la política.

Durante una conferencia de prensa realizada el 29 de diciembre último, los expertos presentaron algunas de las conclusiones de esas consultas con un fuerte consenso sobre la necesidad de un mecanismo de enjuiciamiento para abordar abusos y violaciones de los derechos humanos.

Revelaron también que la reconciliación y el perdón deberían ser parte de un organismo de investigación recientemente creado.

Las conclusiones enfatizaron además que deben compensarse a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, angustia psicológica y emocional, de lesiones físicas y violencia sexual, desplazadas y aquellos que perdieron a sus familias y otros segmentos de la sociedad afectados en la fase de implementación de la política. Según los expertos, con las recomendaciones de los participantes, hubo acuerdo para incluir las violaciones cometidas desde 1995, además de la definición de las funciones de las administraciones regionales y municipales en el proceso de puesta en marcha de la normativa.

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