El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marco Andrade, dijo a Prensa Latina que retoman las protestas populares para hacer cumplir un mandato de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de noviembre último.
Bajo la presión de manifestaciones por todo el país en octubre y noviembre de 2023, la CSJ se vio obligada a declarar inconstitucional la Ley 406 que avalaba un contrato suscrito entre el Estado y la empresa Minera Panamá para la explotación de cobre en Donoso ( Colón), con graves daños a la naturaleza y a la soberanía nacional, indicó el dirigente obrero.
Por su parte, el secretario general del sindicato de los constructores, Saúl Méndez, alertó que ante el ataque de mafias y gobernantes y empresarios corruptos que pretenden liquidar a ese colectivo, también se unirán a la marcha hacia la Fiscalía y un día después a la CSJ para demandar el cierre definitivo de la filial de la trasnacional canadiense First Quantum.
Exigiremos al Ejecutivo que haga cumplir la letra del fallo de la Corte y que no pase lo de 2017 y 2021, que pese a una medida similar, la minera siguió explotando cobre y robándole al país, remarcó.
La víspera, el Consejo de ministros instruyó a todas las instituciones del Estado involucradas a adoptar las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia emitida y que establece las bases para elaborar e implementar el cierre final ordenado de la actividad minera.
La resolución indica que las carteras de Comercio e Industrias) y la de Ambiente deben conciliar acciones que garanticen la estabilidad física y química de los ecosistemas ambientales e infraestructuras en la Mina Cobre Panamá y sus zonas aledañas, mediante la ejecución de un Plan de Preservación Ambiental y Gestión Segura y luego programa de cierre definitivo.
La más reciente decisión del Gabinete contempla además una auditoría integral de control de gestión de procesos mineros, a fin de obtener información técnica pertinente para una aplicación y fiscalización óptima de los procesos.
También el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral deberá verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales aplicables a la relación de los operarios y la compañía, según esa disposición.
El Gobierno de Panamá reafirmó que alista además actos administrativos necesarios para garantizar la defensa de los intereses de la República ante cualquier instancia nacional o internacional.
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