La decisión de la jefa de este ente investigativo de retirarse de una reunión convocada por el mandatario del país, Bernardo Arévalo, está debidamente fundamentada en lo que establece la ley, consideró el Departamento de Información y Prensa.
La respuesta respondió al recurso presentado esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia por el Secretario General de la Presidencia Juan Gerardo Guerrero y el Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra.
Sin embargo, el MP planteó que el fin es obstruir la justicia y obstaculizar la acción penal, por lo cual actuará de acuerdo a su mandato legal y constitucional, subrayó la oficina.
Aseguró que Porras cumplió el artículo 4 de la Ley Orgánica de la institución cuando concurrió a Casa Presidencial, “con la voluntad de entablar un diálogo constructivo en favor del pueblo de Guatemala”, recalcó.
Entonces el mandatario inició una reunión del Consejo de Ministros, mientras la Constitución Política y la Ley del Organismo Ejecutivo establecen que esta instancia no puede ser integrada por personas distintas a lo que dicta la norma.
Recordó que Porras dejó constancia de la irregularidad legal, pues está establecido que solamente tiene la obligación de acudir a un gabinete específico, integrado por los ministros y para los fines que se establezcan en un acuerdo, lo cual no se dio.
En cambio, el presidente guatemalteco afirmó que la legislación establece que puede invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta del Ejecutivo o de los ministros de Estado.
Saavedra y Guerrero comentaron a la prensa local que esta es una de las acciones que emprenderán contra actores que buscan mantener el sistema de corrupción, pero que próximamente anunciarán otras.
De acuerdo con analistas, si la Corte Constitucional diera trámite a los fundamentos que recibiera, el Congreso (unicameral) de la nación tendría la tarea de decidir si quitarle o no la inmunidad a Porras.
Autoridades originarias mayas señalaron la víspera a Arévalo de “darse por vencido” en la exigencia de renuncia de la fiscal general y calificaron de lamentables sus últimas palabras.
El exalcalde indígena de Sololá, Misrahin Xoquic, quien lideró el movimiento de los pueblos ancestrales durante más de 100 días consecutivos frente al MP exigiendo la renuncia de la fiscal general, manifestó su desaliento.
Arévalo, tras ganar las elecciones de 2023, denunció las investigaciones del MP contra su partido Movimiento Semilla como la punta de lanza de un golpe de Estado en marcha, impulsado por el pacto de corruptos en Guatemala.
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