No podemos dejar de expresar nuestra vergüenza, repulsión y el lógico y emocional rechazo, a la política internacional esbozada por el gobierno nacional, el cual ignora los daños que nos ha causado el prepotente intervencionismo a lo largo de la historia, señaló CPAZ en un manifiesto.

A través del documento, hecho público este jueves en sus redes sociales, el colectivo civil ecuatoriano rechaza “la manera irresponsable” del Ejecutivo de resolver los problemas internos “trayendo a los señores de la guerra a nuestro territorio”.

Exigimos al gobierno del presidente Daniel Noboa que se transparenten los acuerdos firmados entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos ante la Asamblea y que esa institución a través de sus comisiones elabore un informe con el fin de evitar violaciones al derecho internacional.

El pasado 15 de febrero, Noboa ratificó dos convenios pactados con Washington en materia de seguridad y que son cuestionados por organizaciones sociales y expertos.

Mediante dos decretos ejecutivos, el mandatario confirmó la entrada en vigor del convenio relativo al Estatuto de las Fuerzas y el que trata las Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas.

Ambos tratados fueron firmados por el entonces presidente Guillermo Lasso en septiembre y octubre de 2023 y oficializados por Noboa luego de que la Corte Constitucional dictaminara que esos acuerdos no requieren un pronunciamiento de la Asamblea Nacional.

Una de esas normativas establece el marco bajo el cual los militares y el personal civil de Estados Unidos, contratistas, empresas, firmas y empleados, pueden operar en Ecuador, con “privilegios, exenciones e inmunidades” equivalentes a los que tiene el personal diplomático.

El otro, sobre las operaciones marítimas, busca ejecutar acciones conjuntas contra las actividades navales transnacionales ilícitas, entre ellas el tráfico de drogas, de migrantes, de armas de destrucción masiva y la pesca ilegal.

Esos dos acuerdos se suman a otro ratificado por Lasso en agosto de 2023 para rastrear e interceptar aeronaves civiles sospechosas de tráfico ilícito de drogas.

A raíz de la firma de todos esos convenios con Washington y la visita de diversos funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense, disímiles voces se pronunciaron contra ese acercamiento por sus implicaciones para la soberanía del país sudamericano.

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