Este viernes, casi dos meses después de que el mandatario emitiera las medidas, el organismo judicial divulgó el dictamen favorable al decreto que permite los operativos militares y policiales contra 22 bandas delincuenciales, catalogadas como terroristas.
Aunque apoyaron las normativas, una parte de los magistrados consideraron que el presidente Noboa no entregó información suficiente para justificar el conflicto armado interno.
La existencia o no de esa situación es una cuestión de hecho, que no depende de la declaratoria de una autoridad pública, como la emisión de un estado de excepción o su control por parte de este organismo, indica el comunicado de la Corte.
Los jueces recordaron que la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una de sus competencias ordinarias e, incluso, en caso de conflicto armado interno, éstas pueden movilizarse e intervenir una vez fenecido el estado de excepción, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
En lo que va del estado de excepción, el número de detenidos alcanzó los 11 mil 193, según el más reciente balance publicado este viernes por el Gobierno.
Hasta ahora, las fuerzas de seguridad han ejecutado 138 mil 725 operaciones conjuntas y han incautado tres mil 371 armas de fuego, más de 24 mil explosivos, y más de 64 toneladas de drogas.
El jefe de Estado ha ratificado en varias ocasiones su respaldo a la labor de los agentes del orden, aunque existen denuncias de ciudadanos y organizaciones civiles de presuntas violaciones de derechos por parte de uniformados.
A medida que aumenta la cantidad de detenidos crecen las dudas sobre dónde se encuentran y cuántos han sido procesados legalmente.
Datos de la Fiscalía General del Estado, citados en el diario La Hora indican que solamente 494 de los más de 10 mil detenidos tienen un proceso legal en marcha, es decir, el cinco por ciento.
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