Esa propuesta requería el 40 por ciento de votos de los congresistas habilitados, es decir, 49, para entrar a debatirla, pero solo obtuvo 26, igual que el número de firmantes de la moción rechazada por 68 votos en contra y seis abstenciones.

La iniciativa de la congresista Margot Palacios, quien, respaldada por legisladores de partidos de izquierda y centro, argumentó que Boluarte incumplió la carta magna al viajar al exterior sin contar con un vicepresidente.

La constitución establece que el jefe de Estado solo puede ausentarse del país dejando a cargo de su despacho al vicepresidente, pero quien tenía este título es Boluarte, que lo dejó vacante al asumir la Presidencia.

Ante tal situación, el Parlamento dictó una ley habilitante, inválida por ser de menor jerarquía que la constitución, pese a lo cual fue avalada por el Tribunal Constitucional, lo que argumentaron quienes votaron en contra

La citada ley señala que quien ejerza la presidencia puede salir del país sin tener vicetitulares, para lo cual, de manera excepcional, se mantendrá a cargo del despacho presidencial y ejercerá su cargo de manera remota (por Internet).

El Legislativo rechazó también debatir una moción de interpelación (que puede ser la antesala de una censura o destitución) al ministro de Justicia, Eduardo Arana, por 61 votos en contra y 26 a favor de la interpelación (antesala de la censura).

El izquierdista Flavio Cruz planteó interpelar a Arana por aceptar la excarcelación del exgobernante Alberto Fujimori (avalada por el Tribunal Constitucional).

La hija de Fujimori, Keiko, lidera el partido Fuerza Popular (FP), que tiene la bancada más numerosa del Congreso y votó contra las mociones de vacancia presidencial e interpelación a Arana.

Sectores políticos y analistas creen que hay una alianza o al menos un acuerdo tácito para mantenerse en sus cargos hasta julio de 2026, entre el Gobierno y la mayoría parlamentaria conformada por las bancadas de derecha extrema y sus aliados.

Boluarte asumió funciones en diciembre de 2022 con el apoyo del bloque mayoritario del Congreso, como sucesora del encarcelado y destituido mandatario Pedro Castillo e inicialmente dijo que su administración sería de transición.

Posteriormente, ante el fracaso de los intentos de que el Parlamento adelante las elecciones, la gobernante decidió continuar hasta 2026, ante las resistencias en su contra, expresadas en grandes protestas con un saldo de 50 civiles muertos.

La mandataria ha rechazado diversos pedidos de que renuncie para precipitar el adelanto electoral ante la crisis política, social y económica.

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