Ante denuncias de perfiles vinculados con actores corruptos y la escasa transparencia en la elección, autoridades originarias y representantes de distintas organizaciones de 11 de esas demarcaciones impugnaron las propuestas.
Entre ellas de los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Sololá, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Izabal, Petén, Escuintla y Sacatepéquez.
Llamaron al jefe de Estado a atender las demandas de la población que manifestó su descontento y sufrió por ello amenazas así como intimidación, advirtieron.
“Seguimos viendo cómo las mafias y la corrupción siguen manipulando estos procesos”, declaró a la prensa la alcaldesa indígena del municipio Santa Lucía Utatlán, Sololá.
De ahí, la autoridad indígena César Yac recordó que los más de 100 días de paro desde el pasado octubre frente al Ministerio Público (MP) buscaban una mejor sociedad, por lo que los pueblos ancestrales continuarán “en pie de lucha”.
El líder originario señaló que en Sololá la terna electa tiene vínculos con el partido políticos Vamos del exmandatario del país, Alejandro Giammattei (2020-2024).
“Necesitamos que nuestros comunidades indígenas sean tomadas en cuenta para todos los proyectos que requerimos”, agregó Yac.
La autoridad originaria y defensora de los derechos de las mujeres Sebastiana Par, quien también presentó su candidatura en Quiché, comentó que a pesar de la buena intención de la administración actual se repitió la misma historia que en periodos anteriores.
Arévalo afirmó días atrás que no aceptará ternas cuestionables, aquellas sin cumplir con las “calidades necesarias”, y en tal caso el proceso se repetirá.
Analistas y comisiones le solicitaron que “investigue los indicios de compra de voluntades durante el proceso de selección de las ternas y priorice el rescate de los espacios de sociedad civil”.
Incluyeron la creación de condiciones para la elección de nuevos representantes de las entidades no gubernamentales ante el Consejo Departamental de Desarrollo, sin ninguna presión, ni cooptación institucional o partidista.
Estos cargos de gobernadores, diseñados en Guatemala para ejecutar el presupuesto de obras públicas, no son de elección popular, sino de designación y libre remoción por parte del Ejecutivo.
Arévalo, quien asumió la silla presidencial el pasado 14 de enero, está enfocado en el combate frontal contra la corrupción y en hacer realidad la promesa de una nueva primavera.
Mientras se nombra a los nuevos gobernadores continúan en el cargo los designados en la administración de Giammattei.
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