El pasado 23 de febrero, la misma jueza Baloisa Marquínez, a cargo del proceso, había ordenado detener al exgobernante sentenciado a más de 10 años de cárcel por lavado de dinero, y pagar una multa de 19,2 millones de dólares por la compra irregular de la Editorial Panamá América.

Marquínez giró oficios también para la detención de otros cuatro implicados en delitos contra el orden económico, Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Iván Arrocha y Valentín Martínez Vásquez.

La víspera, la sentencia condenatoria dictada el 17 de julio de 2023 por la jueza quedó ejecutoriada y la letrada también lo comunicó al Tribunal Electoral (TE), que luego inhabilitó a Martinelli para participar en los comicios generales del 5 de mayo, como candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza y aspirante a diputado de la Asamblea Nacional en el circuito 8-4.

De ese modo, en la boleta presidencial, en esa casilla, estará el hasta entonces compañero de fórmula, José Raúl Mulino como presidente, sin vicepresidente.

En tanto, la candidatura de Martinelli en el 8-4 será asumida ahora por su abogado Alejandro Pérez, quien era suplente.

El dictamen del TE está basado en el artículo 180 de la Constitución que establece que no puede ser elegido presidente de la República una persona con condenas por delitos dolosos, que conlleven una pena de más de cinco años de cárcel.

En noviembre próximo, Martinelli debe ir nuevamente a juicio por el manejo de sobornos con la constructora brasileña Odebrecht, al igual que sus dos hijos Luis Enrique y Ricardo Alberto, quienes ya cumplieron prisión en Estados Unidos por el mismo delito.

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