“Nuestro querido Perú continúa sufriendo, lamentablemente, una grave crisis política que se expresa en el constante deterioro de la institucionalidad y la gobernabilidad, a causa de la pugna al interior y ente los poderes del estado y con los organismos constitucionales autónomos”, afirmó la Conferencia Episcopal.
La declaración fue difundida después que la mandataria declaró a la prensa que“El gabinete ministerial no está en crisis, el país no está en crisis”, tras la renuncia del primer ministro, Alberto Otárola, por un escándalo político, y su reemplazo por el jurista conservador Gustavo Adrianzén.
Al fundamentar el escenario de normalidad que presentó, dijo que con el nuevo jefe del gabinte ministerial y la ratificación, ayer, de todos los ministros, “tenemos que seguir afianzando el trabajo que veníamos haciendo”.
La conferencia permanente de obispos católicos, sin embargo, señaló que el país vive una “dolorosa e indignante realidad”, ante la cual llamó a los miembros del Parlamento a dejar de lado intereses particulares y escuchen las diversas opiniones sobre la decisión que deben tomar en torno al proyecto de destituir a los miembros de la importante Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Organizaciones sociales y políticas y de derechos humanos realizaron anoche una marcha al Palacio Legislativo, ante el cual condenaron el proyecto de defenestración de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo clave, que evalúa, nombra y cesa a jueces y fiscales.
Los manifestantes calificaron el proyecto como “golpe congresal” y denunciaron que el objetivo de la mayoría parlamentaria conservadora es controlar la JNJ y con ello “avasallar el sistema de justicia”, según afirmó el vicepresidente de la junta, Aldo Vásquez.
Sobre el tema, la Conferencia Episcopal exhortó a los congresistas al diálogo para encontrar una salida constitucional y democrática encuentren a través del diálogo “una salida constitucional y democrática que impida que, este importante organismo deje de funcionar y de cumplir con las tareas que le corresponden”.
La declaración de los religiosos invoca por otra parte a las autoridades “a buscar soluciones eficaces a los urgentes problemas que agobian a nuestro país, especialmente en la salud, la educación, la violencia, las economías ilegales, la destrucción de nuestra Amazonía, la delincuencia y el sicariato”.
mem/mrs
