El pleno congresal inhabilitó ayer por 10 años, lo que implica su retiro de la JNJ y la prohibición de ejercer cargos en el Estado, a los magistrados Inés Tello, cuya avanzada edad fue invocada como infracción constitucional para plantear el cese total de la JNJ, y al vicepresidente de la junta, Aldo Vásquez.

La controversia se enfoca en el caso de Tello y una segunda votación, pues en la primera su cese no alcanzó la mayoría requerida, su inhabilitación se aprobó con el voto del legislador derechista José Luna, pese a que integra la Comisión Permanente que aprobó el proyecto contra los jueces y cuyos miembros están prohibidos votar en la instancia final.

La dirección del Congreso, a cargo de la derecha extrema y sus aliados, alega que Luna -quien es juzgado por intervenir en el organismo antecesor de la JNJ para lograr la inscripción de su partido- estaba habilitado para votar porque no sufragó en la Comisión Permanente, pero Inés Tello

“Congreso fuera de la ley”, titula sin embargo en su portada el diario La República, que califica como un zarpazo de la mayoría parlamentaria la sanción a Tello y Vásquez, considerados los miembros más importantes.

La prensa reconoce el carácter al menos controvertido de la votación adversa a Tello, quien se nego a aceptar el resultado porque contradice la constitución y el reglamento del Legislativo, y notificó por escrito que, ante la ilegalidad, se mantiene en la JNJ.

Tello y Vásquez tienen a su cargo una investigación a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indagada por concertar acuerdos indebidos con decenas de congresistas, en varios casos a cambio de archivar denuncias contra ellos por corrupción y otros cargos.

De la accidentada sesión de ayer salieron indemnes los demás miembros de la JNJ, aunque se aprobó repetir la votación favorable a su presidente, Antonio de la Haza, cuyo caso quedó pendiente.

En un breve balance de lo sucedido, el exministro de Justicia, Alejandro Salas, advirtió que, contra lo aparente, la mayoría congresal logró su objetivo, que era deshacerse de Tello y Vásquez, con lo cual aseguran contar con una mayoría de cuatro miembros afines de un total de siete magistrados.

Comentó que con ello el país está “cada vez más cerca de convertirnos en una dictadura” y queda “secuestrado, dividido y con la institucionalidad quebrada”, lo que será difícil de superar.

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