La audiencia en la sede de la PF, en Brasilia, tiene como principal objetivo confrontar al teniente coronel Cid con las declaraciones emitidas por el general Marco Antônio Freire Gomes y otros comandantes.
Tal alegato forma parte del acuerdo de denuncia premiada, homologada en septiembre por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Según la periodista Bela Megale, del periódico O Globo, entre los militares alineados a Bolsonaro existe la expectativa de que, en su exposición, Cid profundice el análisis del papel desempeñado por cada integrante del Ejército.
La percepción es que el exayudante de órdenes intentó proteger a sus colegas de las Fuerzas Armadas involucrados en la presumida confabulación golpista, sin embargo, el avance de las pesquisas puede hacer que esos altos oficiales aparezcan con más énfasis en su delación.
También se le pedirá que proporcione más detalles sobre la participación de Bolsonaro en el complot.
La trama, según la PF, tenía como propósito mantener al político ultraderechista en el poder e impedir la toma de posesión del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, quien ganó las justas comiciales de octubre de 2022.
Además, la expectativa es que se le pregunte si Bolsonaro orientó la permanencia de los campamentos montados frente a los cuarteles que pedían una «intervención militar».
El exmandatario (2019-2022) niega cualquier participación en actividades contra la democracia.
Como colaborador, Cid está obligado a decir la verdad y responder a todas las preguntas durante el interrogatorio, so pena de tener cancelado el acuerdo de delación premiada.
Antes de decidir colaborar con las autoridades, el teniente coronel permaneció en prisión preventiva durante cinco meses, por orden del ministro Alexandre de Moraes, del STF.
El interrogatorio fue programado días después del testimonio de Freire Gomes.
Durante su manifestación, que duró más de siete horas, el general respondió a más de 250 preguntas formuladas por los investigadores.
Fuentes involucradas en la pesquisa aseguran que el alto oficial implicó al expresidente en la conjura golpista.
Bajo pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder de Lula, adeptos radicales de Bolsonaro invadieron y saquearon el 8 de enero de 2023 las capitalinas sedes del Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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