viernes 12 de abril de 2024
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Extradición de Assange sería fin de la legalidad, considera Rusia

Assange
Moscú, 11 mar (Prensa Latina) Las naciones que apoyen la extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, perderán su legalidad, advirtió hoy el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin.

«En 2016, la ONU calificó de arbitraria la detención de Assange. Su extradición sería una burda violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluida la libertad de expresión. Si se produce la extradición de Assange, las naciones que la apoyen dejarán de ser legales», aseveró Volodin en su cuenta de Telegram.

En el supuesto de que las filtraciones de WikiLeaks fueran sobre Rusia o China en lugar de Estados Unidos, a juicio del líder parlamentario, Assange sería visto como «paladín de la verdad y la libertad».

«La situación en torno a esta persona es un ejemplo de vileza, mentira y doble rasero de Washington, Londres y Bruselas», afirmó el titular de la Duma de Estado.

Las audiencias en el Tribunal Superior de Londres sobre el recurso de Assange contra su extradición a la nación norteamericana ocurrieron los días 20 y 21 de febrero, pero la decisión judicial todavía no se anunció.

WikiLeaks fue fundado por Assange en 2006, pero saltó a la fama en 2010 cuando comenzó a publicar filtraciones a gran escala de información gubernamental clasificada, en particular de Estados Unidos.

En 2010, por ejemplo, en su web fue publicado un material secreto en que se podía ver que tras un ataque lanzado en 2007 por un helicóptero militar estadounidense en Bagdad murieron al menos 18 civiles.

Este mismo año empezó la publicación de 250 mil documentos estadounidenses de carácter diplomático.

Assange se encuentra recluido en la cárcel de Belmarsh, al sureste de Londres, desde que fue detenido el 11 de abril de 2019 a petición de Washington, tras siete años de permanencia en la embajada de Ecuador en el Reino Unido por temor a ser extraditado a Estados Unidos.

El fundador de WikiLeaks, imputado de 18 cargos penales, se expone a 175 años de prisión y como una de sus últimas posibilidades de evitar la extradición podría dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

jf/gfa

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