El pleno parlamentario no alcanzó, en una segunda votación, la mayoría de dos tercios necesaria para impedir la contratación o la elección del magistrado para ejercer cargos en el Estado, por lo cual el tema fue archivado.
El Congreso inhabilitó la semana pasada por diez años a los integrantes de la JNJ Inés Tello y Aldo Vásquez y en la votación del caso de la primera, la sanción contó con los votos decisivos de dos miembros de la comisión permanente del Congreso, prohibida por la Constitución.
De otro lado, el Congreso rechazó una propuesta de la bancada progresista Cambio Democrático – Juntos por el Perú, para que la junta de portavoces de las bancadas evalúe el acuerdo de estos, que hace cinco años decidió que miembros de la comisión permanente puedan votar en decisiones como la de hoy, pese a que la Constitución lo prohíbe.
La propuesta fue sustentada por la vocera del citado grupo, Sigrid Bazán, con motivo de que dos integrante de la citada comisión votaron por la inhabilitación de la magistrada Tello, hecho cuestionado por contrariar a la carta magna.
Bazán argumentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró improcedente en 1997 la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional peruano porque votaron por la medida miembros de la comisión permanente.
Una medida similar ante una situación análoga dictó el Poder Judicial en 2023, al declarar la nulidad de la votación parlamentaria que destituyó al congresista Guillermo Bocángel
La inhabilitación de Tello y Vásquez y el intento de aplicar la medida a los demás miembros de la JNJ invocaron como motivo la permanencia de Tello en la JNJ pese a haber cumplido la edad límite para integrarla, aunque la junta esta interpretó que debía cumplir los cinco años del mandato para el que fue designada.
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