Luego de meses de rifirrafes y ácidos enfrentamientos entre la izquierda en el poder encabezada por el socialista Pedro Sánchez, y la oposición férrea del conservador Partido Popular (PP) y la ultraderecha de Vox, la propuesta de legislación salió adelante.
Sin embargo, no es el éxito rotundo al que aspiraba Sánchez como jefe del Gobierno, ni la garantía de mayor tranquilidad a su segunda legislatura desde el Palacio de la Moncloa. El problema es que la víspera, inesperadamente la Generalitat (gobierno) de Cataluña convocó a elecciones anticipadas para el 12 de mayo tras no aprobarse los presupuestos de 2024 propuestos por las mayorías del partido Esquerra Republicana.
De tal forma, el Ejecutivo nacional decidió aplazar la discusión en torno a los presupuestos generales del Estado para el año en curso y concentrarse en los de 2025.
Con todo, la amnistía es un paso relevante que beneficiará a los independentistas catalanes, comenzando por el prófugo de la justicia desde 2017 y eurodiputado, Carles Puigdemont, figura de Junts por Cataluña, clave en el apoyo a Sánchez y en este tema tan espinoso.
Ahora el texto pasará al Senado, donde previsiblemente el PP, con mayoría, intentará cambiarlo o boicotearlo en el peor de los escenarios, aunque no prosperará demasiado porque al volver a la Cámara Baja volverá a su origen.
La ley de amnistía, si finalmente es adoptada, abarca los actos cometidos para reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, así como de desobediencia, desórdenes públicos, atentados contra la autoridad o resistencia ejecutados para permitir las consultas o en apoyo al denominado procés.
Incluye también “las acciones realizadas en el curso de actuaciones policiales dirigidas a dificultar o impedir dichas consultas”.
Perdona, entre otras cuestiones, el terrorismo atribuido al procés, “siempre y cuando no se haya actuado de forma manifiesta y con intención directa de causar violaciones graves de Derechos Humanos”.
Además, abarca a actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación, siempre que no haya enriquecimiento, dirigidos a financiar, sufragar o facilitar las conductas amnistiables en el periodo fijado.
Y exonera la tortura cuando no supere un umbral mínimo de gravedad. Igualmente, a tenor con postulados de Naciones Unidas, perdona la traición cuando no se haya producido una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial.
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