La comitiva, encabezada por el secretario general Global de ICM, Ambet Yesón; y su representante regional, Nilton Freitas, entre otros dirigentes, sostuvieron conversaciones con el titular encargado de Mitradel, Fernando Castillero.
Acerca de uno de los temas de las pláticas –el cierre arbitrario de 18 cuentas bancarias en la estatal Caja de Ahorro pertenecientes al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industrias de la Construcción y Similares (Suntracs), los visitantes insistieron en la necesidad de que se cumplan convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En declaraciones a Prensa Latina, el secretario general de Suntracs, Saúl Méndez, indicó que también trataron el más reciente atentado contra la sede de ese colectivo en Panamá Oeste, la persecución política a sus líderes principales y las violaciones a la libertad sindical, entre otros asuntos.
En ese intercambio, precisó, se instó al Ejecutivo a jugar un papel más activo para que la Caja de Ahorros abra cuentas bancarias de Suntracs, derecho que le asiste con apego al artículo 377 del Código de Trabajo.
Este semana, el Suntracs confirmó que de no resolverse este escollo, sus integrantes respaldados por otros colectivos populares protagonizarán el venidero 19 de marzo una huelga nacional de advertencia por 24 horas.
El pasado 5 de enero, la organización sindical emitió un comunicado en el que responsabiliza al Gobierno de una constante persecución de carácter político debido a su protagonismo en las manifestaciones de octubre y noviembre pasado contra el contrato suscrito por el Estado y Minera Panamá.
“Ni en tiempos de la dictadura vivimos algo así”, indica el documento al cual tuvo acceso esta agencia informativa y agrega que incluso ante evidentes casos de corrupción enjuiciados como Banistmo, Odebrecht, New Business, Blue Apple, Panama Papers, Pandora Papers, entre otros, no se ha procedido contra los imputados de esta manera.
Similar medida no se ha adoptado, precisa, ni contra los banqueros que permitieron el lavado de esos dineros ilícitos ni de otras procedencias, lo que mantiene al sistema bancario de Panamá calificado como un paraíso fiscal que utilizan evasores del crimen organizado internacional, como los que existen en otras latitudes, incluido Estados Unidos.
El cierre de las cuentas de Suntracs y de una Cooperativa asociada al gremio atenta contra los fondos legales que provienen de la cuota sindical y de los ahorros de los trabajadores, y de esa manera buscan impedir el funcionamiento normal de uno de los principales baluartes de la lucha del pueblo, añade el texto.
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