La prensa local se hizo eco de un texto divulgado este sábado en el diario español El País que describe los procedimientos para obtener muestras de ADN de los reos.
Según la nota, los funcionarios que llevan a cabo esta tarea les explican a los internos que esa información ayudará a identificarlos en caso de una matanza, algo común en los centros de privación de libertad ecuatorianos, o que alguien suplante su identidad.
La instrucción es convencerlos de no consultar con sus abogados y que crean que el procedimiento forma parte de la rutina carcelaria, aunque tienen derecho por ley a negarse a que le tomen las muestras, señala la publicación.
El Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) que monitorea la situación de las cárceles, declaró no estar al tanto de esa información.
“Se estaría violando el derecho a la salud, esos datos sensibles deben estar bajo absoluta reserva y ser consentida, y proporcionada de forma voluntaria”, dice Billy Navarrete, director del CDH.
Actualmente, en Ecuador está vigente -por declaratoria del presidente Daniel Noboa- un estado de excepción y un conflicto armado interno.
De esa forma, el mandatario abrió una puerta legal para que policías y militares actúen con todas sus fuerzas contra las 22 bandas criminales catalogadas como terroristas.
En ese contexto, el Gobierno ha aprovechado la circunstancia del control militar de las cárceles para hacer el registro genético, de acuerdo con la información divulgada.
Hasta el momento no existe una respuesta oficial a la denuncia.
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