El ente investigativo divulgó en su perfil en la red social X que la Fiscalía encargada de ese delito lidera las acciones, a partir de las cuales inspeccionan, registran y secuestran evidencias en busca de armas y pandillas.
El operativo tiene lugar en el departamento capital, Sacatepéquez, Escuintla, Retalhuleu, San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Jutiapa, con la participación de 464 efectivos policiales y 116 investigadores.
El MP resaltó los 22 expedientes resueltos hasta la fecha y estructuras criminales impactas como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (Clica Chilangueros).
Hace siete días se realizaron en 12 de los 22 departamentos del país 81 allanamientos que conllevaron a la detención de 54 presuntos extorsionistas, armas de fuego, municiones y droga.
La encargada de Información y Prensa del MP, María José Mansilla, declaró a la prensa entonces que estas acciones persiguen no solo contener el fenómeno de la extorsión, sino también debilitar y desarticular las redes criminales beneficiarias de este delito.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, quien asumió el cargo el pasado 15 de enero, ratificó en varias oportunidades el compromiso de las nuevas autoridades de esa cartera para combatir tal flagelo y el crimen organizado en la nación.
Al presentar en conferencia de prensa avances en materia de seguridad, junto a su equipo, el titular anunció a fines de febrero último la creación de un Equipo Multidisciplinario de Control de Acceso Penitenciario.
Esa unidad se enfoca en evitar el ingreso de objetos ilícitos a las cárceles como parte del combate a las extorsiones, en tanto realizan operativos sistemáticos en las prisiones, principales centros de dirección de la actividad.
El ministro del organismo de Interior creó asimismo el Grupo Especial contra las Extorsiones (GECE), enfocado en labores en puntos estratégicos para el combate del delito.
Tales capturas representan que las empresas, pequeños emprendedores, trabajadores y ciudadanos en general no recibirán llamadas para que se le exija dinero a base de amenazas, explicó antes el funcionario.
Uno de los principales retos del presidente Bernardo Arévalo y su administración, advirtieron analistas locales, es la inseguridad ciudadana existente en este territorio centroamericano.
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