Aunque todavía no tiene el visto bueno parlamentario a nivel global, la legislación ya pasó el tamiz del Congreso de Diputados con el apoyo del Ejecutivo y sus aliados, junto con otros grupos que acordaron dar el espaldarazo.
Sometida ahora al examen en el Senado, donde hay mayoría amplia de la derecha y en particular del Partido Popular (PP), puede encallarse dos meses hasta que vuelva a la Cámara Baja, para dar la aprobación definitiva.
Los ásperos debates sobre el asunto y la intransigencia del PP y su socio de la ultraderecha de Vox, enrarecieron el ambiente político desde el mismo momento en que se vislumbró que la reelección del socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno, pasaría por acuerdos con independentistas catalanes.
Así ha sido, con protagonismo de Junts por Cataluña que lidera el todavía prófugo de la justicia Carles Puigdemont, quien anunció días atrás que se presentará como candidato a encabezar la Generalitat de esa región en las elecciones del 12 de mayo próximo.
Para que Puigdemont, eurodiputado que radica en Bélgica desde el fracasado intento de secesión de Cataluña de 2017, pueda regresar a España sin ir a la cárcel, se requiere la implementación de la ley de amnistía.
La semana anterior, el presidente de turno de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, defendió su iniciativa de presupuestos propios, a la vez que enarboló la realización de un referendo de independencia.
Aragonés subrayó que el tema catalán, “deberá tener como final la autodeterminación”, al argumentar que en democracia las consultas ciudadanas son factibles y existen muchos ejemplos semejantes en el mundo.
‘Tenemos tres años, en esta legislatura, en la que será posible, serán muchas las votaciones en las que serán necesarios nuestros votos. El presidente se comprometió en su investidura a abordar esta negociación, tendrá que cumplir los acuerdos de investidura. Si se van cumpliendo los acuerdos, podrá haber nuevos acuerdos’, señaló.
‘Una vez conseguida la Ley de Amnistía, hay que abordar el fondo del problema, de soberanía’, apostilló.
Opinó que una mayoría de catalanes quiere decidir su futuro y hay entidades en España que hasta el momento lo impidieron.
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