Este lunes, el Legislativo ecuatoriano contó solamente con 75 de los 92 votos necesarios para insistirle al Ejecutivo en tener en cuenta las recomendaciones realizadas al documento.

El pasado viernes, Noboa rechazó las observaciones e insistió en su distribución de los recursos, a pesar de las críticas por los recortes en áreas sociales.

Aunque el Legislativo hubiera logrado apoyo para insistir en realizar cambios al proyecto presupuestario, las sugerencias no tenían carácter vinculante, es decir el Ejecutivo podía acogerlas o no.

La administración de Noboa sostiene que los cálculos de las asignaciones están basados en el déficit fiscal que enfrenta el Ecuador y en proyecciones que resultaron alteradas por la aplicación de la muerte cruzada por el exmandatario Guillermo Lasso en 2023.

El presupuesto general del Estado, pospuesto para este año, es de 35 mil 536 millones de dólares y se centra en la seguridad, área a la que asignaron tres mil 519 millones de dólares.

Varios legisladores instaron al Gobierno a incluir en la proforma los recursos provenientes del Incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que subirá del 12 al 15 por ciento a partir del venidero 1 de abril, y otras contribuciones aprobadas en la Ley para el financiamiento del conflicto armado interno.

También cuestionaron que las asignaciones para las universidades sean más bajas que en 2023.

Entretanto, para el sector de la salud, el Gobierno destinó cuatro mil 491 millones de dólares, mientras que para la educación cuatro mil 641 millones de dólares.

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