En una rueda de prensa este lunes, el secretario de la vicepresidencia René Zúñiga negó que la entidad sea parte de la investigación del caso Nene, en el cual la Fiscalía indaga un posible tráfico de influencias a partir de Sebastián Barreiro, descendiente de la vicemandataria.

Zúñiga descartó casos de “diezmos” o presiones a funcionarios, como indica la investigación que llevó a La Roca (prisión de máxima seguridad) al hijo de Abad, detenido la semana pasada por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias.

El funcionario explicó que la vicegobernante está consultando el mecanismo que le permita retornar a Ecuador, sin correr el riesgo de ser destituida por incumplimiento de funciones.

Abad fue designada como embajadora por el presidente Daniel Noboa y si abandona sus funciones podría ser destituida según la legislación.

La vicepresidenta y el jefe de Estado tuvieron desavenencias desde su llegada al poder en noviembre pasado, al punto que el mandatario la envió fuera del país.

Analistas consideran que más allá del delito imputado, el caso parece tener un manejo político para forzar una eventual dimisión de Abad antes que inicie la campaña electoral previa a los comicios presidenciales de 2025, para los cuales Noboa pretende postularse.

La Constitución determina que para ese periodo encargue la jefatura del Gobierno a la vicepresidenta, pero como el roce entre ellos es tan evidente, probablemente busque que sea el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, quien lidere el Ejecutivo en caso de salir Abad.

La víspera, en una entrevista, la actual embajadora en Tel Aviv declaró que el presidente está presionando por su renuncia.

“Ellos me están presionando para que renuncie y salga de aquí y pueda obviamente quitarme el cargo porque no estaría en cumplimiento de funciones”, manifestó Abad.

npg/avr