martes 16 de abril de 2024
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Mayoría de firmantes de paz en Colombia comprometidos con el proceso

Bogotá, 26 mar (Prensa Latina) El 80 por ciento de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia siguen comprometidos con el proceso de reincorporación a la sociedad, a pesar de los riesgos para sus vidas, concluyó hoy un informe.

La experta internacional de Derechos Humanos de la ONU Antonia Urrejola destacó en su análisis divulgado en esta capital que, pese a los obstáculos sufridos desde la rúbrica del pacto, se constatan avances en ciertos aspectos, referentes sobre todo a la reforma rural integral y la justicia transicional.

El Acuerdo de Paz de 2016 es una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición, señaló el informe, al tiempo que enfatizó en la necesidad de que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos se implementen progresiva e independientemente de las coyunturas políticas.

Destacó que los primeros años tras la firma del Acuerdo fueron cruciales para impulsar su implementación y consolidar la confianza ciudadana en lo pactado, pero que ese periodo estuvo marcado por un contexto político hostil a sus postulados.

Esto resultó en una implementación desigual y en ataques contra el sistema de justicia transicional, concluyó.

Señaló igualmente que habría existido, por parte de la Fiscalía General de la Nación, una obstaculización del procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso de “Jesús Santrich”, exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y negociador del Acuerdo de Paz.

Recalcó que este caso ejemplifica el uso abusivo de la acción penal para debilitar la confianza ciudadana en el Acuerdo y en el sistema de justicia transicional.

“Se reforzó el estigma sobre las personas firmantes de paz, se aceleró su división interna, y habría afectado la reincorporación tal y como estaba prevista en el Acuerdo. A su vez, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP”, se lee en el texto.

Para el contexto actual, Urrejola recomendó implementar, con prioridad, la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, con enfoque territorial y participativo, asegurando los recursos adecuados.

“La desarticulación de las estructuras criminales y la lucha contra la corrupción son ejes fundamentales en la consolidación de la paz”, sentenció el informe.

npg/ifs

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