Los miembros de la trama, que el FSB desarticuló en cooperación con el Ministerio del Interior, estaban presuntamente «involucrados en la comisión de actos ilícitos de carácter económico y de corrupción» en el Territorio de Stávropol, en el Cáucaso del Norte, según la nota de prensa oficial.
Se sospecha en particular que han revocado antes del plazo la licencia a una empresa municipal de la ciudad de Minerálnye Vody para apropiarse de sus capacidades industriales y lucrar con la extracción de agua mineral desde una fuente local.
El comunicado les incrimina además el robo de «cantidades importantes» de gas natural a una compañía local, sin especificar el importe del daño.
Los implicados en la trama han sido ingresados en prisión preventiva y están siendo investigados por presuntos delitos de abuso de autoridad, robo y extorsión.
En el contexto de la investigación se han realizado 17 registros e intervenidas sumas en efectivos, armas de fuego, dispositivos de comunicación y vehículos de lujo.
No es el primer escándalo que salpica a cargos directivos del Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia.
Alexéi Uliukáev, quien ocupó esta cartera de 2013 a 2016, fue condenado a ocho años de prisión en diciembre de 2017, una multa de 130 millones de rublos y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber exigido a la petrolera Rosneft el pago de dos millones de dólares, supuestamente para facilitar una transacción de activos.
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