Mediante un comunicado, el Ministerio de Energía y Minas explicó que los apagones de los últimos días también son consecuencia de bajos voltajes en subestaciones de entrega a las empresas distribuidoras y salidas imprevistas de unidades de generación, principalmente térmicas.
Además, la cartera de Estado añade que la operatividad de las centrales hidroeléctricas se ha visto puntualmente disminuida a consecuencia de la alta concentración de sedimentos en los ríos que las alimentan.
El pasado fin de semana se produjo una fuga de crudo que provocó la reducción de las operaciones de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una de las que más energía genera en todo el país.
Estamos trabajando para solventar la situación que es resultado de la herencia por la falta de inversión en generación, transmisión y distribución en administraciones pasadas, indicó el Ministerio.
La noche de este martes en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Manta, Durán y otras, se reportaron apagones.
Ante los reclamos, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) explicó que el corte del servicio se debe a una falla en el sistema eléctrico del país.
El director ejecutivo de la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), Javier Geovanny Guevara, alertó en una carta a CNEL que “debido a la falta de la expansión en los sistemas de generación, transmisión y distribución, ocasiona que el Sistema Nacional Interconectado opera en condiciones de estrés”.
El racionamiento energético en Ecuador comenzó el 27 de octubre de 2023, durante el gobierno de Guillermo Lasso, y los cortes se mantuvieron hasta diciembre, cuando fueron suspendidos por las festividades de Navidad y Año Nuevo y no se retomaron hasta ahora.
Las autoridades en aquel momento indicaron que la sequía impedía el funcionamiento a mayor capacidad de las hidroeléctricas y también analistas apuntaron como causa de los apagones las bajas inversiones en el sector para evitar la previsible crisis del sector.
La ciudadanía culpó al Ejecutivo de Lasso por no adoptar acciones oportunas para evitar quedar a oscuras, una situación que provocó pérdidas en el comercio y la producción.
El actual Gobierno, del presidente Daniel Noboa, promovió la aprobación en el Legislativo de una normativa para superar los problemas y la medida entró en vigor en el mes de febrero.
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