La sentencia, dictada por el Tribunal Supremo, incluye además el pago de una multa de más de 250 millones de kwanzas (alrededor de 300 mil 400 dólares) al Estado por daños materiales, así como una tasa judicial de 500 mil kwanzas (unos 600 USD).
La defensa del acusado declaró que recurrirá la sentencia en los próximos días, por considerarla injusta e improcedente.
El exgobernador fue acusado por el Ministerio Público de haber malversado 180 millones de kwanzas (unos 216 mil USD) que formaban parte del presupuesto asignado a la provincia de Lunda-Sul para el periodo 2012-2017.
De acuerdo con los cargos, el dirigente firmó y aprobó contratos ficticios entre el gobierno provincial que representaba y varias empresas, sin la participación de los demás miembros de la junta de gobierno y sin el conocimiento de los representantes de dichas entidades.
En particular se le imputan la firma de contratos para obras públicas incluidas en el programa de inversión, los cuales de forma fraudulenta fueron a manos de compañías que no participaron en el concurso convocado al efecto.
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