El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria hizo la solicitud de extradición y prisión preventiva porque Dan On, quien radica en Israel, es considerado cómplice del expresidente en el delito de colusión.
Según la Fiscalía, el personaje fue intermediario del acuerdo de sobornos por más de 30 millones de dólares pagados a Toledo por un consorcio brasileño-peruano, a cambio de contratos de obras viales en Perú, por lo que pesa sobre él un pedido de cárcel por nueve años.
Según medios de prensa, el exrepresentante de la empresa brasileña Odebrecht en Perú, Jorge Barata, Dan On lo contactó como intermediario de Toledo para favorecerlo en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica que vincula al sur de la costa peruana y la frontera con Brasil.
El exagente y exescolta fue también cómplice de Toledo, tras el fin de su gobierno, en la operación de enmascaramiento de parte del dinero de los sobornos en cuentas a nombre de una empresa fantasma, en Costa Rica.
Las cuentas fueron detectadas tras la compra por el exgobernante de lujosas propiedades en Lima, que intentó atribuir falsamente a un encargo de Eva Fernenbug, madre de la esposa de Toledo, Eliane Karp. Tras un proceso de aproximadamente cinco años, Toledo fue extraditado y encarcelado en febrero de 2023 y sometido a juicio, en el que la Fiscalía pide se le condene a 25 años de cárcel y el reo niega los cargos de cohecho y otros delitos de los que es imputado.
El exgobernante pide su libertad condicional por considerar vencido el tiempo de prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta en ausencia en abril de 2017 y alega que debe sumarse a la carcelería en Perú la que pasó en Estados Unidos, mientras se procesaba su extradición.
Sin embargo, la justicia peruana considera que el encierro en Estados Unidos se impuso con cargo a la extradición y ahora debe cumplir la prisión preventiva dictaminada hace más de cinco años.
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