En una carta enviada a la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, la entidad -que agrupa 14 organizaciones- exigió que se esclarezca y sancione el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza contra pobladores de esa localidad.
En la misiva, el colectivo señala que los habitantes de Palo Quemado fueron víctimas de abusos de la fuerza pública mientras se encontraban en ejercicio de sus derechos y en resistencia contra la imposición de procesos administrativos inconstitucionales para favorecer intereses corporativos.
Incluso, afirman que el juez Mesias Robayo, quien suspendió el 25 de marzo la consulta ambiental que el Gobierno buscaba imponer para avanzar con el proyecto minero, fue gravemente herido luego de esa orden.
La Alianza cuestionó cómo desde el Ejecutivo consideran «terroristas» a campesinos e indígenas que defienden la tierra, calificación con implicaciones respecto del uso inadecuado de recursos y servidores públicos quienes deberían cumplir otras obligaciones prioritarias en vez de estar al “servicio de intereses corporativos privados”.
Recordaron en el texto, que el estado de excepción vigente y la restricción del derecho de reunión no incluye la limitación al derecho de protesta, según dictamen de la Corte Constitucional, y aún así policías y militares reprimieron un plantón en Quito el 27 de marzo.
El Frente Nacional Antiminero informó que los uniformados se retiraron el pasado sábado de Palo Quemado tras varias jornadas de represión y cuatro días después de la orden judicial.
La militarización de esa comunidad respondía a la orden del gobierno de Daniel Noboa de imponer una consulta ambiental del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, requisito indispensable para establecer el proyecto minero La Plata, a cargo de la empresa candiense Atico Mining.
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