La medida busca mayor seguridad financiera para esos empleados, tradicionalmente de bajos ingresos, en uno de los territorios del país caracterizado por el alto costo de la vida.
El pasado año los demócratas en la legislatura estatal aprobaron la norma en un esfuerzo por reconocer a muchas de las 500 mil personas que trabajan en establecimientos de comida rápida que dependen de esas retribuciones para mantener a sus familias.
La ley -que estipula el aumento a 20 dólares la hora- contó con el respaldo de la asociación que representa a los propietarios de franquicias de comida rápida.
Sin embargo, desde que se aprobó no pocos de esos dueños de franquicias lamentan el impacto de la ordenanza en sus negocios, en medio de la desaceleración de la economía californiana.
Restaurantes que ofrecen un servicio de mesas limitado o no lo ofrecen y forman parte de una cadena nacional de al menos 60 establecimientos en el país son los que aplicarán la norma a partir de este lunes.
Pero, si bien por un lado la ley es positiva, por el otro existen preocupaciones de los propios trabajadores, temerosos de que sus empleadores para subir salarios racionalicen mano de obra y puedan perder sus puestos.
No obstante, la ordenanza reflejará un compromiso muy negociado entre la industria de la comida rápida y los sindicatos, que llevan alrededor de dos años en una disputa sobre pagos, prestaciones y responsabilidades legales.
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