El líder del Ministerio Público, Emiliano Rolón, atribuyó a “limitaciones constitucionales y legales” su negativa ante el pedido de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Legislativo sobre la pesquisa contra el exmandatario para tratar la privación de sus fueros como senador vitalicio, añadió el periódico.
La decisión de la Fiscalía –recuerda la publicación- fue remitida a la presidenta de esa instancia parlamentaria, la senadora Lilian Samaniego, tras solicitar esta el documento sobre la causa contra Benítez y ocho de sus exfuncionarios, tras una denuncia del expresidente Horacio Cartes.
El Ministerio Público –explica la respuesta de esa instancia- reconoce las facultades constitucionales del Congreso de solicitar informes, pero ello procede solo en la medida que no lesione las garantías establecidas por el artículo 17 de la Carta Magna.
Según esas disposiciones, las informaciones sobre la etapa preparatoria de una investigación penal están resguardadas y ello limita la facultad del Ministerio Público para facilitar la copia autenticada del cuaderno de investigación fiscal.
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado programó para principios de abril el dictamen sobre el pedido de desafuero de Abdo como senador vitalicio. El expresidente acusó el 18 de marzo a los fiscales que lo imputaron, Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, de prevaricato y persecución de inocentes, de acuerdo con el diario Última Hora.
La denuncia contra ambos funcionarios, apartados del proceso el 14 de marzo por el Ministerio Público, fue suscrita también por los siete exministros y el secretario de Abdo, el diputado Mauricio Espínola, emplazados junto al expresidente por la supuesta filtración de información secreta.
Los demandantes alegaron que los fiscales sostuvieron un intercambio de chats con Pedro Ovelar, el abogado de Cartes, quien, a su vez, fue el autor de la denuncia contra los nueve exfuncionarios, subrayó el diario.
La presentación de la acusación contra los fiscales por parte de Abdo, su ayudante y los exministros René Fernández, Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio, fue realizada por los abogados Alfredo Kronawetter, Carlos César Trapani, Cecilia Pérez, Osvaldo Granada Salaberry, Felino Amarilla y Emilio Fuster.
Los cargos contra el expresidente y las otras ocho personas comprenden, además de la supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal, relacionados con otra acusación presentada por Cartes sobre una supuesta persecución política contra él.
La denuncia contra los ahora imputados fue formulada el 31 de julio de 2023 por Cartes, bajo el patrocinio de su abogado Ovelar, mientras que el Ministerio Público dispuso el 4 de agosto la apertura de la causa penal y conformó el equipo fiscal.
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