El pedido de resarcimiento era por cuatro mil dólares ante declaraciones emitidas por Lula sobre muebles del Palacio de la Alvorada, residencia oficial de los gobernantes en Brasilia.
A principios de 2023, Lula se quejó de que desaparecieron 83 mobiliarios de ese recinto.
El mes pasado, el Gobierno informó que 261 artículos fueron localizados y estaban en «dependencias diversas» del palacio.
Después que los enseres fueron encontrados, la defensa de Bolsonaro demandó a Lula por entender que trató de atribuir al político ultraderechista hechos no verídicos para manchar la reputación del exmilitar.
Al analizar el caso, la jueza Gláucia Barbosa, del TJDFT, señaló que las declaraciones de Lula sobre los muebles están «intrínsecamente vinculados al ejercicio del cargo» de presidente de la República.
Ella precisó, también, que Bolsonaro no podría haber entrado en la Justicia contra Lula personalmente, sino contra la Unión.
«Considerando que la supuesta práctica del acto se refiere a los bienes públicos y esta circunstancia lleva a las manifestaciones del demandado (Lula) al ejercicio del cargo reconozco, de oficio, su ilegitimidad pasiva», apuntó la magistrada.
Agregó que una eventual pretensión de indemnización y retractación deberá ejercerse en perjuicio del Estado.
«El demandado solo estaría legitimado para responder por eventuales daños causados por su conducta, comisiva u omisiva, en caso de acción regresiva movida por el correspondiente ente de la administración al cual él se vincula», completó Barbosa.
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