Hasta la noche de este martes, de 14 en total, solo ingresaron las de Chimaltenango, Escuintla, Jutiapa, Petén, Retalhuleu y Suchitepéquez, según expusieron medios de prensa locales, que citaron a fuentes oficiales.
Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) tenían cinco días hábiles para enviar un nuevo listado con aspirantes, después de la notificación el pasado 20 de marzo del rechazo por parte del jefe de Estado, de acuerdo con lo estipulado en el reglamento.
Debían repetir además el proceso de selección, Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Izabal, así como Chiquimula.
En San Marcos y Zacapa el mandatario nacional solo eligió a gobernadores suplentes y, acotó la Secretaría General de la Presidencia, continúa analizando las ternas iniciales entregadas.
De incumplirse con los nombres “ya se tienen contempladas las vías con las que se va a proceder, pero vamos a esperar a que den cumplimiento a este acuerdo», puntualizó el ente que asiste a Arévalo.
De esta etapa trascendió aquí el rechazo de las organizaciones sociales y la crítica de la población originaria a la segunda propuesta del Codede del oriental Petén, que calificaron de terna cuestionable.
El Gran Consejo de Autoridades Indígenas y Ancestrales Ch’orti’ de Chiquimula solicitó, por su parte, al presidente del país descartar al gobernador departamental de la terna enviada.
Mediante un comunicado reprobó “la forma oscura y nada transparente que los representantes de la sociedad civil del Codede eligieron las dos ternas” este 1 y 2 de abril.
Señaló que el proceso se hizo a puerta y cuentan con información que algunos recibieron prebendas.
Instaron al mandatario a que exija una nueva terna con ciudadanos idóneos y que no negocie con diputados golpistas y gobiernos locales.
Analistas y comisiones pidieron a Arévalo antes que “investigue los indicios de compra de voluntades durante el proceso de selección de las ternas y priorice el rescate de los espacios de sociedad civil”.
Estos cargos, diseñados en Guatemala para ejecutar el presupuesto de obras públicas, no son de elección popular, sino de designación y libre remoción por parte del Gobierno. oda/znc





