El tercer debate sobre la propuesta se inició durante esta jornada en la Comisión Séptima con nueve legisladores de derecha firmes en su postura de hundir la iniciativa al refrendar su ponencia de archivo, lo que obligaría al Ejecutivo a presentarla nuevamente ante el Congreso.
La reforma al sistema de salud constituye una de las apuestas más grandes del actual gobierno, cuya característica principal consiste en crear una red de centros de atención primaria que brinden servicios integrales y a tiempo a la población, con énfasis en las zonas rurales y marginadas y un enfoque preventivo.
En tanto los senadores conservadores insisten en matar el proyecto, numerosas denuncias asociadas con desfalcos y malos manejos financieros recaen sobre las Empresas Promotoras de Salud en el país, conocidas como EPS.
Durante la víspera, la Superintendencia Nacional de Salud informó sobre la intervención por deudas y otras irregularidades económicas de la compañía aseguradora y proveedora de servicios EPS Sanitas, a la que están afiliados casi seis millones de colombianos.
En una conferencia de prensa desde la sede de la Presidencia, el superintendente de Salud Luis Carlos Leal, comunicó que la entidad adeudaba al cierre del año pasado una cifra superior a los dos billones de pesos (unos 520 millones de dólares al cambio actual), lo que, según afirmó, “afecta la prestación del sistema de salud”.
Pocas horas antes, Carolina Corcho, miembro de la Comisión de Seguimiento de los Recursos de la Salud en el país, reveló que cuatro de las aseguradoras de salud en el país presentan una presunta pérdida total de 11,8 billones (un millón de millones) de pesos, poco más de tres mil millones de dólares al cambio actual.
De acuerdo con la funcionaria, el presunto desfalco se dividiría fundamentalmente entre la EPS Sanitas, Nueva EPS y Salud Total.
Tras la intervención de la EPS Sanitas, el presidente Gustavo Petro afirmó en su red social X que, al tomar en cuenta el monto perdido por las EPS, el gobierno nacional no puede permitir que se evaporen los impuestos de los colombianos.
Sobre esta cuestión, acotó que el problema es que al no atender a todos los que lo necesitan, y para lo cual ha pagado el gobierno, se rompe el derecho a la salud, se pierden los recursos y puede surgir la muerte en el paciente no atendido.
El gobierno, sentenció, tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos.
“El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”, sentenció.
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