El análisis en esa corte comenzó el pasado lunes, cuando el relator del caso, magistrado Luciano Carrasco Falavinha Souza, se manifestó contra la casación.
Además, rechazó las acciones en las que los partidos de los Trabajadores y Liberal, y la Fiscalía Electoral acusan al congresista de abuso de poder económico por la supuesta realización de gastos irregulares en el período de precampaña en las elecciones de 2022.
Hace tres años, Moro estaba en el partido Podemos y realizó actos de precandidatura a la Presidencia de la República.
Según la acusación, hubo «desventaja ilícita» en favor de los demás concursantes al cargo de asambleísta por las «altas inversiones financieras» realizadas antes del exministro de Justicia dejar la sigla y presentarse al Senado por el partido Unión Brasil.
De acuerdo con el entendimiento del magistrado José Rodrigo Sade, del TRE de Paraná y quien votó a favor de la anulación del mandato y la inelegibilidad durante ocho años de Moro, el senador fue beneficiado electoralmente.
Para Sade, al realizar la precampaña a la Presidencia y luego salir aspirante al Senado, el exjuez gastó más que los demás pretendientes a la asamblea legislativa y provocó desequilibrio en la disputa.
Con el parecer de Sade, el marcador del examen está empatado a uno. Después de la igualada, la jueza Claudia Cristina Cristofani pidió vista del proceso (más tiempo para analizar) y suspendió el juicio, que se restablecerá el 8 de abril.
Si es revocado por el TRE, Moro no dejará el cargo de inmediato porque la defensa podrá recurrir al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Pero si la eventual revocación es confirmada por el TSE, nuevas elecciones serán convocadas en Paraná para llenar la vacante del senador que quedará inelegible hasta 2030.
El juicio continuará el lunes para la toma de los votos de otros cinco magistrados.
Moro adquirió reputación nacional e internacional al comandar, entre marzo de 2014 y noviembre de 2018, el juicio en primera instancia de los delitos identificados en la desarticulada operación judicial Lava Jato.
Sin pruebas, sancionó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2017 a nueve años y seis meses de prisión por supuestos actos de corrupción.
Luego desistió al cargo de juez y fue nombrado ministro de Justicia por el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022). Más tarde dejó el puesto después que el exgobernante removiera sin consultarlo al entonces director de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un hombre de su confianza.
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