Si bien concluyó el periodo de excepcionalidad, la declaratoria de conflicto armado interno, que se dictó el 9 de enero, permitirá continuar las operaciones de enfrentamiento a las 22 bandas declaradas terroristas terrorismo, así como contra la delincuencia común.
La Corte Constitucional (CC), en dos dictámenes del 29 de febrero y del 21 de marzo de 2024, precisó que las Fuerzas Armadas pueden movilizarse e intervenir una vez fenecido el estado de excepción, debido a que rige en el Ecuador el Decreto Ejecutivo 111 (estado de guerra).
El secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta, dijo la semana pasada que los militares no dejarán de actuar en operativos carcelarios hasta conocer los resultados de la consulta popular y referendo del 21 de abril venidero.
Por tanto, los uniformados continuarán en operativos que el Ejecutivo enmarca en el denominado Plan Fénix, estrategia de seguridad promovida por el presidente Noboa durante su campaña y de la cual actualmente existen dudas sobre su contenido y efectividad.
Según datos de la Policía, durante la Semana Santa hubo 137 asesinatos, doce de ellos ocurrieron en dos ataques armados en la provincia costera de Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país.
Pese a la militarización y toque de queda, los secuestros y las extorsiones se multiplicaron en algunas ciudades durante los 90 días del estado de excepción, aunque el Gobierno asegura que las muertes violentas de manera general sí disminuyeron a nivel nacional.
“No existen resultados concretos, ni cifras reales del famoso Plan Fénix. De hecho, creo que ni siquiera existe y solo es parte de la jerga discursiva del presidente Noboa”, afirmó el abogado y analista político Mauro Andino.
En varias ocasiones expertos en materia de seguridad advirtieron que los estados de excepción no son la solución a la violencia, sino que son necesarias otras medidas para resolver la raíz del problema, desigualdad, pobreza, desempleo, falta de oportunidades.
De acuerdo con las ultimas cifras divulgadas sobre el avance del Plan Fénix en el marco del conflicto armado interno y el estado de excepción se reportan más de 13 mil detenidos, de ellos 280 por terrorismo.
Además, el mandatario apuesta por la consulta popular marcada para el 21 de abril con el presunto objetivo de adoptar otras acciones contra la inseguridad, sin embargo su propuesta es considerada innecesaria por diferentes organizaciones políticas y sociales.
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