La iniciativa forma parte de un plan de lucha contra las medidas del presidente Javier Milei, que incluyó paros y movilizaciones en todo el país.

Nos dirigimos al Gobierno para pedir, según lo establecido en la Constitución y en las leyes del sector, el cumplimiento de su responsabilidad principal e indelegable de garantizar la educación pública en todo el territorio nacional, señala el documento publicado por Ctera.

Además, exige el respeto a los derechos de los profesionales y estudiantes.

En el documento, la organización solicita la transferencia urgente a las provincias del Fondo de Incentivo Docente y el Compensador de Desigualdades Salariales, eliminados por la actual gestión.

Asimismo, demanda el descongelamiento del presupuesto universitario, el envío de recursos para programas educativos, becas, comedores escolares, infraestructura y cajas jubilatorias.

Por otra parte, aboga por la convocatoria inmediata a paritarias (negociaciones) para lograr un aumento salarial y la actualización de los haberes jubilatorios.

La Ctera también pide el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, la cual dispone una inversión del seis por ciento del Producto Interno Bruto en el sector, la garantía de equipamiento escolar, el acceso a las nuevas tecnologías y la formación de los profesores.

Por otra parte, exige la suspensión de váuchers o cualquier intento de privatización y mercantilización de la educación.

Además, insta al cese de la criminalización de la protesta social y de los intentos de cercenar o limitar los derechos de los trabajadores.

¡A 27 años de la Carpa Blanca, la lucha por la educación pública sigue en pie, con fuerza, dignidad y esperanza!, concluye el texto al hacer referencia a una importante protesta docente contra políticas similares, implementadas por el gobierno de Carlos Menem (1930-2021).

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