La Unidad para las Víctimas difundió los hallazgos del análisis que evidenció cómo el detrimento patrimonial producto de las irregularidades habría superado los cuatro mil 200 millones pesos (más de mil 100 millones de dólares al cambio actual).
Según la auditoría forense, las alteraciones asociadas al cálculo de los cánones mensuales de arrendamiento de inmuebles, causó la pérdida de tres mil 786 millones de pesos (más de mil millones de dólares) entre 2018 y 2022.
“A sabiendas que las estimaciones estaban por debajo del valor real, estos cánones eran avalados por los mismos funcionarios, faltando al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento de inmuebles del Fondo para la Reparación” detalló el informe.
Otras irregularidades dan cuenta de que diferentes contratistas pudieron haber cambiado el nombre de sus empresas para acaparar contratos con el Fondo para las víctimas entre 2018-2022, con una consiguiente afectación multimillonaria.
Consignó el análisis que este proceder pudo haber causado perjuicios por 84 mil millones de pesos (más de 22 mil millones de dólares).
De acuerdo con la auditoría, “dicho detrimento fue posible gracias a la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión”.
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