La propuesta de legislación para el combate a la actividad minera ilegal, que ya fue aprobada en su generalidad por la Asamblea Nacional, pretende introducir un régimen jurídico específico para hacer frente a ese flagelo y establecer penas adecuadas a la gravedad de la conducta tipificada y a sus resultados.

También busca definir procedimientos rápidos de confiscación y apropiación a favor del Estado de los productos y medios involucrados en esas acciones, que según el secretario de Estado de Recursos Minerales, Jânio Correia Victor, existen al menos 296 grandes dragas en situación irregular.

Según el funcionario, de 2018 a 2023 se registraron y procesaron mil 292 causas penales relacionadas con este tema, lo cual ocasionó una fuerte afectación a la economía nacional, además de daños medioambientales y sociales.

El proyecto de ley prevé sanciones de tres meses a ocho años de prisión y multas de miles de dólares, con lo que se espera parar el fenómeno y un efecto disuasorio.

Tras el debate especializado de los diputados, el cuerpo legal aún deberá volver al pleno de la Asamblea para ser discutido y aprobado.

La actividad minera ilegal tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, la vida humana, la salud pública, el sustento de las comunidades, la economía y el desarrollo, debido a las condiciones de irregularidad en las cuales se labora.

Resulta un fenómeno asociado al uso de sustancias químicas peligrosas, el trabajo infantil y esclavo, el sostenimiento de conflictos armados violentos, la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de drogas y de armas, entre otros delitos.

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