El juicio de cuatro días en el Tribunal Regional Electoral (TRE) del sureño estado de Paraná desestimó la casación contra Moro, con la absolución del congresista por cinco votos a dos.
Los magistrados analizaron las acciones en las que los partidos de los Trabajadores (PT) y Liberal (PL), y la Fiscalía Electoral acusan al legislador de abuso de poder económico por la supuesta realización de gastos irregulares en el período de precampaña en las elecciones de 2022.
Con el fin del análisis en el TRE, la decisión se publicará en el sistema virtual del TSE.
A partir de este momento, tanto Moro como el PL y la Federación Brasil de la Esperanza (integrada por los PT, y los también partidos Comunista y Verde), partes involucradas en el proceso, podrán apelar el resultado en la corte.
Si al menos una de las partes siguen con el recurso, se realizará un sorteo para definir el ponente del caso en el TSE. Más tarde, la Fiscalía General Electoral emitirá un dictamen sobre el expediente.
Después de esta etapa, las acciones serán juzgadas en Brasilia por los siete miembros de la corte electoral, siendo necesaria mayoría simple para revocar definitivamente el mandato de Moro o archivar el proceso y mantener el exjuez de la desarticulada operación Lava Jato en el Congreso Nacional.
En una nota publicada la víspera, el directorio del PT en Paraná comunicó que apelará la decisión al TSE tan pronto como la decisión se publique en el Muro Electrónico del TSE.
Según la organización política, el juicio en la corte de Paraná «no tiene en cuenta la cantidad global», supuestamente gastada por la campaña del exmagistrado y su gravedad en el desequilibrio de la disputa.
El partido espera que el TSE cese su mandato, al utilizar el precedente del juicio de la senadora Selma Arruda en diciembre de 2019.
Arruda perdió su silla en la asamblea senatorial después de ser condenada por abuso de poder económico.
Moro adquirió reputación nacional e internacional al comandar, entre marzo de 2014 y noviembre de 2018, el juicio en primera instancia de los delitos identificados en la Lava Jato.
Sin pruebas, castigó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2017 a nueve años y seis meses de prisión por supuestos actos de corrupción.
Luego desistió al cargo de juez y fue nombrado ministro de Justicia por el exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022). Más tarde dejó el puesto después que el exgobernante removiera sin consultarlo al entonces director de la Policía Federal, Maurício Valeixo, un hombre de su confianza.
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